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El Senado de la República ha dado un paso significativo en la protección de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) al aprobar un proyecto de decreto que reforma el artículo 380 del Código de Comercio. Con 84 votos a favor, esta iniciativa introduce una tasa de interés por incumplimiento, equiparable al aumento inflacionario, en contratos mercantiles, con el objetivo de contrarrestar prácticas abusivas de grandes corporativos hacia proveedores más pequeños.
La propuesta establece que, si no se ha acordado una tasa moratoria más alta, el comprador que no cumpla con los términos y plazos convenidos en el precio de las mercancías deberá pagar una tasa equivalente al aumento inflacionario, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Los senadores que respaldaron la reforma destacaron cómo los grandes corporativos y el sector público, mediante contratos de adhesión, han impuesto plazos de pago prolongados, generando dificultades financieras para las MIPYMES. Esta situación ha llevado a muchas de estas empresas a recurrir a préstamos para mantener su operación, lo que a menudo resulta en una carga financiera insostenible.
En este contexto, el senador Gilberto Herrera Ruiz propuso una reserva al dictamen, aprobada por el Pleno, que establece que el comprador deberá pagar el precio acordado en un plazo que no exceda los 45 días naturales a partir de la entrega de mercancías, brindando mayor certeza y agilidad a las transacciones comerciales.
Esta reforma, según el presidente de la Comisión de Economía, senador Roberto Juan Moya Clemente, busca impulsar el crecimiento de las MIPYMES otorgándoles sostenibilidad financiera, lo que, a su vez, tendrá un impacto positivo en la generación de empleo. Además, el senador Rafael Espino De la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, resaltó cómo esta medida promueve la certeza en las transacciones comerciales y fortalece la confianza entre las partes involucradas.
En última instancia, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PRI, subrayó que esta reforma regulatoria protegerá a las pequeñas empresas, asegurando su competitividad y desarrollo, y preservando la vitalidad del sistema económico.
El proyecto de decreto ahora pasa a la Cámara de Diputados para su consideración y posible aprobación, representando un paso significativo hacia una mayor equidad en las relaciones comerciales en México.
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