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En reciente sesión, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de México aprobó un dictamen clave solicitando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que considere asignar recursos adecuados para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025. Este movimiento busca asegurar que la CONANP pueda cumplir con sus obligaciones de protección, conservación y vigilancia del patrimonio natural del país.
La decisión también implica una petición a la Cámara de Diputados para incrementar el presupuesto destinado a SEMARNAT, con el objetivo de cumplir las metas establecidas en la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. La senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, al presentar el dictamen, destacó la importancia de fortalecer las políticas de conservación y expansión de las Áreas Naturales Protegidas de México, esenciales para mantener los ecosistemas y la diversidad genética de especies silvestres.
Vázquez Alatorre enfatizó que estas áreas representan espacios donde los ambientes originales permanecen inalterados por la actividad humana y son vitales para mantener la flora, fauna, vegetación y servicios ambientales como la calidad y cantidad del agua. La senadora describió estas zonas como un “seguro de vida” a largo plazo para enfrentar fenómenos naturales y el cambio climático.
México cuenta actualmente con 226 áreas naturales protegidas, y entre 2022 y 2024, la CONANP decretó 44 nuevas áreas de conservación. Además, en la misma sesión, se aprobó otro dictamen que solicita a las instancias gubernamentales a nivel federal y estatal reforzar las acciones para reducir las emisiones de gases contaminantes y mejorar la calidad del aire.
El diputado Reynel Rodríguez Muñoz, al presentar este segundo dictamen, subrayó la vulnerabilidad de México frente al cambio climático debido a sus características socioeconómicas y geográficas. Rodríguez Muñoz indicó que es crucial acelerar los procesos de adaptación para mejorar las condiciones de vida de la población. Según la Ley General de Cambio Climático, se deben reducir las emisiones en los siguientes sectores: 18% en transporte, 31% en producción de energía eléctrica, 8% en agricultura y 5% en ganadería. La reducción de emisiones es considerada esencial tanto para cumplir con los compromisos climáticos como para el bienestar general de la ciudadanía.
