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Con el objetivo de fortalecer la protección ambiental y el manejo sustentable de los recursos naturales, el Gobierno del Estado de Puebla y el Gobierno de México formalizaron un convenio en materia forestal, orientado a la restauración, conservación y aprovechamiento responsable de más de 1.5 millones de hectáreas de superficie forestal en la entidad.
El acuerdo forma parte de la agenda ambiental y del Plan Hídrico nacional, y busca impulsar acciones coordinadas que permitan prevenir incendios forestales, detonar programas productivos regionales y garantizar el uso sustentable de los ecosistemas, bajo un enfoque de política pública con sentido social y ambiental.
Desde el ámbito federal se destacó que Puebla se ha convertido en un territorio estratégico para implementar proyectos piloto en materia ambiental, debido a la coordinación permanente entre ambos niveles de gobierno y a la visión de desarrollo sostenible que se impulsa desde la entidad.
En este contexto, se reconocieron los resultados alcanzados en la reducción de afectaciones por incendios forestales, al pasar de casi 30 mil hectáreas dañadas en el año anterior a aproximadamente 13 mil, lo que representa una disminución significativa derivada del trabajo conjunto entre autoridades estatales, federales y cuerpos especializados.
Durante el primer año de la actual administración estatal se creó la Policía y la Guardia Forestal, que en coordinación con fuerzas federales lograron atender oportunamente más de 300 incendios, reduciendo en un 64 por ciento la superficie afectada, lo que refuerza la capacidad de respuesta y prevención en el territorio poblano.
Asimismo, se informó que el Gobierno del Estado continuará invirtiendo en equipamiento especializado, tecnología y vehículos para fortalecer las tareas de vigilancia ambiental, además de iniciar de manera anticipada trabajos preventivos como la apertura de caminos cortafuego con módulos de maquinaria, a fin de reducir riesgos en la próxima temporada.
Las autoridades estatales subrayaron que este convenio demuestra que cuando federación y estado trabajan de manera coordinada, los beneficios se traducen en mayor protección del patrimonio natural, restauración de ecosistemas y mejores condiciones de vida para las comunidades.
Finalmente, representantes comunitarios destacaron que programas como el Pago por Servicios Ambientales han permitido impulsar proyectos ecoturísticos y productivos, fortalecer economías locales y diversificar actividades sustentables, con acompañamiento técnico y apoyo institucional para infraestructura y materiales.
