0
0
En un llamado a la justicia digital y el acceso equitativo a la conectividad, el Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa para eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al servicio de Internet. Esta propuesta busca que el acceso a la red deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho garantizado para todas y todos los mexicanos.
Durante la presentación de la iniciativa, se destacó que más de 35 millones de personas en México aún no cuentan con acceso a Internet en sus hogares, especialmente en regiones como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y zonas marginadas de Puebla, como la Sierra Negra y la Mixteca. “Vivir sin Internet es vivir desconectado del mundo de la educación, la salud, el trabajo y la justicia social”, se afirmó desde tribuna.
Se señaló además que, a diferencia de otros países donde los gobiernos subsidian el acceso a las tecnologías de la información, en México persisten esquemas fiscales que encarecen la conectividad. “El Estado prefiere cobrar impuestos antes que garantizar derechos fundamentales”, fue una de las principales críticas expresadas.
La propuesta legislativa busca derribar las barreras fiscales que dificultan el acceso al contratar Internet junto con otros servicios, una práctica que actualmente incrementa el costo final para el consumidor. “No es un tema de cómo se factura, sino de cuántas personas pueden conectarse”, se subrayó.
Desde el PRI, se planteó que esta iniciativa es una respuesta directa a la desigualdad digital y una herramienta para combatir la censura, fortalecer la libertad de expresión y cerrar brechas tecnológicas. “Vamos a empoderar a la gente con más conexión y menos impuestos”, señalaron, al tiempo que insistieron en que el Internet no debe ser rehén del autoritarismo ni de decisiones fiscales injustas.
“Proponemos una reforma fiscal que tenga como eje la justicia digital y el bienestar social”, concluyeron, al tiempo que reiteraron su compromiso por un México moderno, conectado y libre de obstáculos que limiten el acceso a derechos digitales fundamentales.
