Este 18 de mayo de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la imposición de nuevas sanciones contra 11 personas y tres entidades vinculadas al régimen cubano, como parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para responder a presuntas amenazas a la seguridad nacional, así como a actos de represión y operaciones de inteligencia relacionadas con Cuba.
Las medidas fueron anunciadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, la cual permite sancionar a personas y organismos relacionados con actos de represión en Cuba o que representen riesgos para la política exterior y seguridad de Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado oficial, las sanciones incluyen el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de restricciones financieras y comerciales.
Entre las entidades sancionadas se encuentran el Ministerio del Interior de Cuba (MININT), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Dirección de Inteligencia de Cuba (DI), organismos señalados por el gobierno estadounidense de participar en labores de seguridad interna, inteligencia y control de protestas. Washington aseguró que estas instituciones forman parte del aparato gubernamental encargado de la vigilancia y represión en la isla.
Asimismo, fueron incluidos en la lista de sanciones funcionarios de alto nivel del gobierno cubano, entre ellos la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde; el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Juan Esteban Lazo Hernández; la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; así como mandos militares y responsables de cuerpos de seguridad e inteligencia del país.
El Departamento de Estado señaló que las acciones forman parte de una campaña integral para “exigir responsabilidades” al gobierno cubano y a quienes brindan apoyo financiero o material al régimen. Además, sostuvo que durante más de seis décadas el sistema político cubano ha priorizado intereses ideológicos y de control político por encima del bienestar de la población.
Como consecuencia de estas sanciones, todas las propiedades e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. También se prohíben transacciones financieras o comerciales con las personas sancionadas, salvo autorización expresa.
El gobierno estadounidense advirtió además que instituciones financieras extranjeras y empresas internacionales podrían enfrentar sanciones secundarias si realizan operaciones con las personas o sectores identificados por la Orden Ejecutiva 14404, especialmente en áreas como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad.
Finalmente, el Departamento de Estado reiteró que el objetivo de las sanciones no es únicamente castigar, sino generar cambios en las conductas del gobierno cubano y fortalecer la política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos.